La corrupción en América Latina y el Caribe no es noticia. Incluso algunos, aberrantemente, la consideran normal. Pero en todo hay niveles. Por ello la magnitud de la corrupción desarrollada por la multinacional brasileña Odebrecht ha tenido un impacto singular: un tsunami que no solo se llevó grandes cantidades de dinero, sino también el interés público.
Debemos preguntarnos entonces si los más de 100 proyectos involucrados en el caso Odebrecht eran realmente obras de infraestructura para beneficio común o únicamente excusas para el pago de coimas millonarias.
Los detalles de la compleja maquinaria corrupta salieron a la luz el 21 de diciembre pasado. Ese día, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos publicaron la confesión en la que directivos de la empresa admiten haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique.
Según el documento, “…entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto con sus coconspiradores, con conocimiento y voluntariamente, conspiraron y acordaron con otros proveer de forma corrupta cientos de millones de dólares… para el beneficio de funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos y candidatos de partidos políticos extranjeros…para obtener y retener negocios”. La confesión delata la prostitución del interés público.
1. Argentina: gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros.
2. Brasil: cientos de proyectos, incluyendo industrias extractivas y la represa Belo Monte, que desde su planeación ha ocasionado graves violaciones de derechos humanos.
3. Colombia: la Ruta del Sol y la navegabilidad el Río Magdalena, las dos obras de alta ingeniería más importantes del país.
4. Ecuador: hidroeléctrica Manduriacu y refinería del Pacífico. Si bien la administración de Rafael Correa declaró que los posibles sobornos ocurrieron antes de 2007, el Gobierno de Estados Unidos asegura tener pruebas de sobornos posteriores.
5. México: proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Los Ramones II Norte.
6. Perú: Carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de Lima.
7. República Dominicana: la termoeléctrica Punta Catalina y la hidroeléctrica Pinalito.
En todos los países, los sobornos involucran proyectos energéticos o de infraestructura, proclamados como esenciales para el desarrollo, por gobiernos, organismos internacionales y empresas.
Pero también son proyectos sobre los que, por décadas, comunidades y organizaciones han denunciado impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente, incluyendo su contribución al cambio climático. Proyectos que las grandes represas y las termoeléctricas, afectan también el interés público y para los cuales existen alternativas sostenibles y más efectivas.
Las denuncias, en su mayoría, fueron ignoradas. La represa Belo Monte, por ejemplo, comenzó a operar pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó detener su construcción y proteger a los pueblos indígenas afectados.
Los pedidos de justicia fueron además reprimidos, en ocasiones por gobiernos que, según la evidencia, recibieron sobornos para implementar proyectos. La situación es aún más grave si consideramos que América Latina es la región más peligrosa para los defensores de derechos humanos, especialmente para quienes protegen el ambiente, la tierra y el territorio de proyectos como los mencionados.Fuentes:ElPais